El Ministerio de Vivienda se encuentra negociando con los independentistas de Junts un acuerdo para prohibir la compra de viviendas a fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables en pisos propiedad de estas empresas.
La medida busca encarrilar la aprobación de un decreto que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros de este próximo martes, tras semanas de desencuentros y cesiones parlamentarias sobre el control del mercado inmobiliario.
Este movimiento supone un cambio de postura para ambas formaciones. Los socialistas se abstuvieron recientemente ante una propuesta de Sumar en la misma línea, mientras que Junts había tumbado previamente el escudo antidesahucios junto a PP y Vox.
Para solventar las diferencias sobre la seguridad jurídica de los propietarios, el Ejecutivo contempla que la administración pública asuma el coste de las rentas impagadas por familias vulnerables en manos de particulares hasta hallar una alternativa.
Esta estrategia de pactos habitacionales coincide con un contexto socioeconómico marcado por la contracción general del mercado de la propiedad y las tensiones recurrentes en torno a la accesibilidad del suelo, tal como se reflejó en la caída del 5,1% recogida en la compraventa de viviendas cae un 5,1% en julio tras las subidas de tipos.
