La frontera de Ceuta y su perímetro fronterizo, incluida la zona de Benzú, registraron una jornada bajo un fuerte despliegue de seguridad tras los intentos de entrada masiva. La Delegación del Gobierno mantuvo activados los dispositivos de prevención ante la alerta generada por llamamientos difundidos en redes sociales, aunque finalmente no se produjeron entradas masivas en territorio español.
En el lado marroquí, las autoridades desplegaron operativos en las inmediaciones de Castillejos (Fnideq) para bloquear los desplazamientos hacia la frontera. Según fuentes de seguridad marroquíes, los agentes interceptaron a 294 migrantes, en su mayoría de origen subsahariano, y arrestaron a 61 personas acusadas de promover la migración irregular mediante plataformas digitales.
Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad marroquíes emplearon gases lacrimógenos y el apoyo de helicópteros para dispersar a los grupos de migrantes. La actuación policial se extendió por el entorno y dejó constancia de enfrentamientos y cargas en las inmediaciones del paso fronterizo.
La cobertura informativa de estos acontecimientos generó un conflicto añadido cuando el máximo representante local del Ministerio del Interior marroquí exigió a los equipos de EFE y RTVE abandonar Castillejos. Los reporteros fueron amenazados con la retirada de sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo antes de ser expulsados del lugar.
Este episodio de tensión migratoria y presión sobre la prensa se produce en un contexto de control fronterizo externalizado donde las autoridades del país vecino actúan como dique de contención para la Unión Europea. La situación guarda paralelismos institucionales con tensiones previas reflejadas en crisis políticas anteriores, como se analizó en la información sobre la crisis en Ceuta: El PP exige la dimisión de la ministra por el colapso de urgencias, evidenciando la vulnerabilidad constante de este flanco geopolítico.
