La producción agrícola en España se encuentra sustentada de forma crítica sobre fertilizantes químicos cuyas materias primas proceden mayoritariamente del exterior. Este modelo productivo, consolidado desde la Revolución Verde, triplicó la aplicación de fertilizantes inorgánicos y vinculó de forma directa el sector primario a la estabilidad de las rutas comerciales internacionales.
El detonante reciente de esta crisis radica en el impacto de los conflictos geopolíticos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz derivado de la guerra en Irán, que ha estrangulado el suministro de gas natural y compuestos nitrogenados esenciales. Como resultado, las materias primas necesarias para los abonos han duplicado o triplicado su precio en los mercados internacionales.
Los principales actores implicados en esta cadena de suministro son potencias y proveedores estratégicos como Argelia, que abastece gran parte del gas natural español, además de Israel, Marruecos y Egipto, que controlan volúmenes clave de potasio, amoníaco y fosfatos. La posición de Marruecos es especialmente dominante al concentrar, junto al Sáhara Occidental, más del 70% de las reservas mundiales de fosfatos.
Los intereses en juego contraponen los márgenes de supervivencia de los agricultores frente al control corporativo y la especulación de los grandes poderes económicos con los insumos básicos. Mientras las asociaciones de productores denuncian que los costes asfixian al sector sin que este pueda repercutirlos en el precio final, los ecologistas abogan por un giro radical hacia la agroecología y la reducción de la dependencia exterior.
Esta situación de vulnerabilidad energética y alimentaria se solapa con un escenario de máxima tensión internacional, conectando directamente con crisis previas como la advertida en Bruselas exige recortar el consumo energético ante la crisis de la guerra, donde el bloqueo de los recursos básicos se utiliza como una herramienta de presión sobre los mercados europeos.
