El pasado 29 de julio, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió públicamente que la devolución inmediata de los migrantes era inviable con la legislación en la mano. Según expuso el dirigente popular apenas un día antes de que se produjera el cruce masivo de miles de personas, expulsar a estas personas de forma directa suponía cometer un delito e incumplir tanto la normativa nacional como los tratados internacionales suscritos por España.
Vivas subrayó en aquella comparecencia que cualquier adulto que solicite asilo no puede ser retornado a su país de origen, recordando además que los tribunales ya han condenado al Gobierno en el pasado por realizar devoluciones de menores sin ajustarse a las garantías legales exigidas. Las declaraciones del presidente ceutí ponían de relieve los límites jurídicos y humanitarios a los que se enfrenta cualquier gestión de fronteras bajo el marco del Estado de derecho.
Sin embargo, la postura del presidente autonómico contrasta fuertemente con la estrategia adoptada por la dirección nacional de su partido durante el desarrollo de la crisis. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que la única salida viable es la expulsión y el retorno de todos los migrantes, calificando la situación de una manera que desborda el concepto tradicional de inmigración al denunciar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En la misma línea, otros altos cargos del partido como el secretario general Miguel Tellado o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo exigieron públicamente una devolución inmediata a Marruecos y la dimisión del Ejecutivo central. Estas exigencias de la cúpula del partido ignoran los obstáculos legales y los convenios internacionales que el propio presidente de Ceuta había señalado escasas semanas antes como insalvables sin vulnerar la legalidad vigente.
Esta colisión de relatos dentro de una misma formación política evidencia las tensiones internas a la hora de gestionar crisis migratorias de gran escala y su rentabilidad en el debate público. Esto ocurre apenas unos días después de cargas policiales y tensión en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta, y no parece casualidad que la presión territorial derive en exigencias políticas de mano dura que rozan el choque con el ordenamiento jurídico internacional.
