El Jerusalem Post ha informado sobre un incremento de las presiones y llamamientos por parte de Hamás para que la población de Gaza elimine a los integrantes de milicias locales respaldadas por Israel. Estos comandos armados se han convertido en un objetivo prioritario dentro de la disputa por el control territorial y civil de la franja. La campaña de señalamiento y amenazas busca descabezar cualquier alternativa de poder local que no responda directamente a las directrices de Hamás en el enclave.
Este movimiento estratégico se produce en un momento de extrema fragilidad institucional y social en Gaza, donde la población civil sufre las consecuencias de la destrucción masiva y la falta de suministros básicos. Las milicias apoyadas por Israel operan en un terreno abonado por la desconfianza mutua y la supervivencia, buscando disputar el monopolio de la fuerza que Hamás ha mantenido durante años. La respuesta del grupo islamista ha sido endurecer la persecución interna bajo la acusación de colaboración con el exterior.
En el centro de esta pugna se encuentran los actores armados locales y las agencias de seguridad israelíes, que ven en estas milicias una herramienta de contención y control de la población. Por su parte, Hamás utiliza todos los resortes a su alcance para neutralizar cualquier conato de oposición interna que pueda debilitar su posición negociadora y su dominio de facto sobre el territorio. La violencia se traslada así de los frentes militares tradicionales a una guerra sucia por el control de las calles.
La coincidencia temporal de estos asesinatos selectivos y llamamientos con el anuncio de la segunda fase del alto el fuego no es casual. Esto ocurre apenas unos días después de ocho naciones condenan la ofensiva israelí contra hospitales en Gaza, y refleja cómo los actores armados intentan posicionarse de manera ventajosa ante cualquier repliegue o cambio en el tablero militar. La tregua, lejos de calmar la situación, abre un nuevo frente de disputa por el poder político y el control de los remanentes de la administración civil.
La situación en la franja demuestra que el cese de las operaciones militares a gran escala no implica pacificación, sino una mutación del conflicto hacia formas de violencia soterrada y ajuste de cuentas. La población gazatí queda atrapada entre la ocupación exterior y el férreo control interno de unas facciones dispuestas a eliminar cualquier disidencia para asegurar su supervivencia en el nuevo orden que se negocia tras las bambalinas internacionales.
