Una filial del grupo conservero Jealsa ha iniciado la tramitación para instalar dos plantas de energía hidráulica de bombeo con agua de mar en la costa de los municipios gallegos de O Rosal y Oia, ubicados en la Serra da Groba. Estos proyectos implican la construcción de grandes balsas de almacenamiento de agua salada en el monte y captaciones en el litoral, lo que ha generado una fuerte oposición en la zona.
Los ayuntamientos afectados, gobernados por distintas formaciones políticas, se han posicionado en contra de la iniciativa junto a asociaciones ecologistas y plataformas vecinales. Las entidades denuncian que los plazos de información pública se abrieron en pleno periodo estival y a contrarreloj, dificultando la presentación de alegaciones que ya suman decenas de miles.
Entre los principales temores se encuentra la posible afección a los acuíferos de agua dulce que abastecen a la población local, además del impacto paisajístico y los riesgos sobre el Camino de Santiago costero. Los críticos recuerdan que el único antecedente comparable, una planta en la isla japonesa de Okinawa, experimentó graves problemas técnicos y terminó siendo desmantelada.
Por su parte, los promotores defienden estas infraestructuras como un mecanismo clave para almacenar excedentes energéticos, mejorar la regulación del mercado y aportar potencia con rapidez. Sin embargo, los opositores cuestionan la necesidad real de estos aprovechamientos y vinculan los proyectos a una estrategia más amplia de expansión industrial eólica en el territorio.
Esta ofensiva extractiva y energética en el territorio gallego se produce en un contexto de creciente presión corporativa sobre los recursos naturales y los bienes comunales. Esto ocurre apenas unos días después de [europa-afronta-un-invierno-critico-por-la-crisis-energetica-y-la-guerra], y no parece casualidad que la urgencia por asegurar capacidad de almacenamiento energético choque frontalmente con la sostenibilidad local.