La Audiencia Nacional ha estimado este viernes la solicitud de medidas cautelares presentada por CGT contra el referéndum a la plantilla de Airbus fijado por la empresa para los próximos días 24 y 25 de septiembre. Con esta decisión, la consulta queda suspendida provisionalmente a la espera del pronunciamiento definitivo del juez en una vista programada para el próximo 24 de septiembre, fecha en la que también se celebrará el juicio principal por la vulneración del derecho de huelga fijado para el 4 de noviembre.
El sindicato CGT, una de las organizaciones convocantes de una huelga indefinida en Airbus a partir de finales de agosto junto con ÚTIL y UGT, presentó la demanda al considerar que la consulta y los actos paralelos organizados por la empresa vulneraban el derecho de huelga. Según denunciaron los demandantes, estos procesos se han fomentado al margen de la negociación oficial con el comité de huelga establecido.
El conflicto laboral gira en torno a la propuesta de mejoras laborales y sociales presentada el pasado 4 de septiembre por la compañía para intentar poner fin a las movilizaciones. Dicha propuesta de entendimiento contó con el respaldo y la facilitación directa del Ministerio de Industria, en cuya sede se presentó a los sindicatos CCOO, SIPA y ATP, dejando explícitamente fuera de la negociación a los integrantes del comité de huelga de CGT y ÚTIL.
Tras conocerse la exclusión de los sindicatos convocantes del paro, la dirección de Airbus acordó someter la propuesta a un referéndum vinculante para todos los empleados en España, estableciendo las fechas de votación para finales de septiembre. La intervención de los tribunales frena ahora este calendario y traslada el pulso al ámbito judicial para determinar si la maniobra de la empresa vulneró derechos fundamentales de los trabajadores.
Este movimiento en el sector industrial español se produce en un escenario de tensiones laborales donde la intervención gubernamental a través de los ministerios busca encauzar acuerdos con sindicatos afines mientras los sectores movilizados denuncian exclusión y vulneración de derechos básicos de representación.