Tras jornadas de intensas protestas y movilizaciones ciudadanas en la Puerta del Sol motivadas por el caso de Maricarmen, el Gobierno español se ha visto obligado a aprobar dos nuevos decretos en materia de vivienda.
El paquete normativo incluye la ampliación de la protección frente a determinados desahucios hasta el año 2030, una medida de calado social que intenta aplacar el descontento en las calles ante la crisis habitacional que atraviesa el país.
Además de la moratoria en los desalojos, los decretos establecen la regulación estricta de los alquileres de temporada y por habitaciones, un segmento que había quedado fuera de controles anteriores y que operaba como vía de escape para la especulación.
Asimismo, se introducen restricciones destinadas a frenar la compra especulativa de viviendas por parte de los conocidos como fondos buitre hasta 2028, contemplando también la renovación automática de algunos contratos de alquiler para proteger a los inquilinos actuales.
Para que estas medidas mantengan sus efectos de forma permanente, los decretos deberán superar ahora el trámite de convalidación en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de treinta días, un escenario político complejo que pondrá a prueba los equilibrios parlamentarios del Ejecutivo.
