Se cumple un año desde que el Gobierno adoptara el Real Decreto-ley 10/2025 con el objetivo formal de frenar la venta de armamento y material militar en el marco del conflicto de Gaza. Sin embargo, los datos y las comparecencias parlamentarias demuestran que el embargo dista mucho de ser integral, permitiendo la continuidad de múltiples vínculos defensivos.
El Ministerio de Defensa ha evitado rendir cuentas de forma regular ante el Congreso de los Diputados, limitando la información sobre licencias denegadas y sobre las autorizaciones vigentes. Mientras el Ejecutivo defiende haber paralizado contratos, empresas adjudicatarias de importantes sistemas de armas han presentado alternativas para mantener los proyectos bajo nuevos formatos jurídicos.
Entre los casos más destacados se encuentran los contratos para la adquisición de los misiles Spike LR2 y el sistema lanzacohetes SILAM. La alternativa estudiada para los misiles, por ejemplo, pasa por utilizar desarrollos europeos de patente israelí, evitando así la prohibición estricta de importaciones directas de origen israelí.
Asimismo, los resquicios legales del decreto permiten que continúan colaboraciones industriales, exportaciones temporales para mantenimiento y el uso de componentes de origen israelí en programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas españolas, como los vehículos de combate sobre ruedas.
Esta situación pone de manifiesto cómo la arquitectura legal actual deja amplios márgenes para la persistencia del comercio militar. Esto ocurre apenas unos días después de que Pedro Sánchez condena el genocidio en Gaza ante la Asamblea General de la ONU, evidenciando una profunda contradicción entre el discurso diplomático oficial y la realidad de los contratos de defensa.
