El Ayuntamiento de Donostia, liderado por el alcalde Jon Insausti del PNV, cumplió este jueves un mes desde que prohibiera la actividad de la iniciativa ciudadana Kaleko Afari Solidarioak (KAS). Esta decisión dejó sin cenas diarias a unas 300 personas sin hogar, desatando protestas, denuncias de hostigamiento y sanciones económicas a los voluntarios que continúan repartiendo alimentos de forma descentralizada.
El colectivo KAS denunció que el acoso y las identificaciones policiales continúan de manera sistemática por parte de la Guardia Municipal. Según la iniciativa, las patrullas policiales cortan el paso en espacios públicos, identifican y fotografían sin consentimiento a voluntarios y jóvenes migrantes, controlan los carros de comida y prohíben documentar estas actuaciones, llegando a multar a una voluntaria por entregar tres plátanos.
Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales defendió el sistema vasco de protección social y calificó la decisión del Ayuntamiento como una respuesta institucional justificada por razones de seguridad, salud pública e integración. Mientras tanto, KAS realizó una movilización en la Parte Vieja de la ciudad con centenares de personas para protestar bajo el lema cenar no es delito.
El conflicto persiste en la calle a la espera de que comience el proyecto alternativo anunciado por el Consistorio, que aprobó una partida de 500.000 euros para repartir raciones a través de Cruz Roja y Cáritas. No obstante, las voluntarias recuerdan que este programa municipal exige estar empadronado o acreditar una antigüedad de tres meses, dejando fuera a la mayoría de los usuarios habituales que se enfrentan a largos plazos en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
Esta situación de tensión social en el norte peninsular refleja las dificultades y el endurecimiento institucional en la gestión de colectivos vulnerables y flujos migratorios urbanos, conectando de manera indirecta con la crisis-límite vivida en otros puntos fronterizos del Estado como reflejan noticias previas del medio como la situación límite en Ceuta desata un cóctel explosivo de violencia y la alerta policial en Ceuta por el uso de explosivos caseros, evidenciando un endurecimiento general de las políticas de control sobre la población migrante.