El Ministerio de las TIC ha hecho pública una denuncia que apunta directamente a la gestión de Inravisión bajo el Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información oficial, el Sistema de Medios Públicos habría desviado fondos originalmente asignados al sector educativo para destinarlos a campañas de pauta digital, generando un nuevo frente de cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos en estructuras comunicacionales del Estado.
Esta revelación se produce en un momento de fuerte tensión en torno al control y la línea editorial de los medios estatales en el país. Recientemente, el debate público ya se había encendido debido a la supresión de contenidos en las denominadas emisoras de paz, una medida que levantó sospechas sobre la instrumentalización de la radiodifusión pública con fines políticos e ideológicos por parte de la administración actual.
El manejo de los fondos destinados a la comunicación oficial y su aparente solapamiento con presupuestos de áreas tan sensibles como la educación expone los mecanismos financieros mediante los cuales se sostienen las estructuras de propaganda institucional. En este entramado, Inravisión opera como la herramienta central para canalizar la narrativa gubernamental hacia la opinión pública, utilizando canales de contratación que ahora son puestos bajo la lupa por presuntas desviaciones de fin.
La opacidad en la asignación de contratos de publicidad oficial no es un hecho aislado en la región, sino una práctica recurrente de los aparatos estatales para premiar a medios afines y silenciar disidencias mediante el peso del presupuesto publicitario. Las indagaciones del ministerio revelan cómo las prioridades presupuestarias pueden ser alteradas administrativamente para blindar la estrategia comunicativa del Ejecutivo a costa de servicios esenciales.
Este episodio se suma a un clima generalizado de vigilancia sobre el uso de fondos públicos en sectores estratégicos de América Latina, donde la inflación energética y las crisis económicas estrangulan los presupuestos sociales. Mientras los recursos destinados a la formación y el desarrollo quedan comprometidos, el gasto en la maquinaria de relaciones públicas del poder político continúa absorbiendo partidas clave.