El Primer Tribunal Colegiado resolvió la creación de una comisión independiente encargada de fiscalizar los expedientes ocultos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) correspondientes al periodo de la llamada Guerra Sucia, abarcando los años de 1965 a 1990. La decisión judicial surge tras constatar que las fuerzas armadas incumplieron de manera sistemática la orden previa de entregar dicha documentación clasificada.
El fallo judicial establece que este nuevo órgano fiscalizador operará en conjunto con el Archivo General de la Nación (AGN), con el fin de superar el bloqueo institucional mantenido por la estructura castrense durante décadas respecto a los abusos cometidos por el Estado en la segunda mitad del siglo XX. La opacidad militar ha sido un obstáculo histórico para esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en ese periodo.
En este proceso están implicados directamente los mandos de la Sedena, el Poder Judicial a través de sus instancias colegiadas, y el Archivo General de la Nación, convertido ahora en el custodio institucional forzoso de unos archivos que el poder militar ha intentado mantener fuera del alcance público bajo el argumento de la seguridad nacional.
Los intereses en juego trascienden la mera revisión archivística y rozan la legitimidad histórica de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, que durante el régimen de partido hegemónico utilizaron el aparato militar para la represión sistemática de disidencias políticas, movimientos guerrilleros y organizaciones sociales.
Este movimiento se produce en un escenario regional e internacional marcado por la presión sobre las estructuras de poder tradicionales y la revisión de expedientes oscuros en distintas latitudes, recordando que la resistencia de los aparatos militares a rendir cuentas sobre su pasado sigue siendo un factor crítico de tensión institucional.