En la localidad burgalesa de Santa Gadea del Cid, declarada Conjunto Histórico en 1973, se construyó en 2019 un granero de estilo americano destinado a la celebración de bodas y eventos con costes de entre 20.000 y 30.000 euros. El negocio, impulsado por El Granero de San Francisco SL —sociedad vinculada al presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez—, incumple la normativa urbanística local y la Ley de Urbanismo de Castilla y León al ubicarse en suelo rústico de protección cultural donde solo se permite uso agrícola.
A pesar de las prohibiciones expresas y de que el primer intento de legalización en 2020 fue rechazado por un informe técnico debido a su tipología y uso industrial prohibido, la Junta de Castilla y León no abrió ningún expediente sancionador. Las infracciones graves por contravención de normas urbanísticas conllevan multas de entre 10.000 y 300.000 euros, además de la exclusión de ayudas públicas. Sin embargo, la mercantil obtuvo más de 80.000 euros en subvenciones a través de fondos Leader para la construcción del granero y una destilería de lavanda que servía de coartada.
El entramado societario incluye antecedentes como Eventos El Espino SL, empresa con la que Suárez adjudicó contratos municipales que posteriormente fueron declarados nulos tras revelarse la incompatibilidad de su acta de concejal con participaciones superiores al 10%. El actual alcalde de Santa Gadea del Cid, Jorge Ortiz, perteneciente al mismo partido, eludió dar explicaciones sobre la falta de licencias y el incumplimiento de la estética del entorno, limitándose a eludir responsabilidades.
La inacción de la administración autonómica se prolongó durante siete años, periodo en el cual se celebraron masivamente eventos hosteleros y culturales sin la debida inscripción en el Registro de Turismo ni licencias de actividad. Incluso en un segundo intento de legalización condicionado a reformas que nunca se comprobaron sobre el terreno, la Junta dio luz verde sin verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Esta tolerancia administrativa hacia cargos orgánicos y representantes públicos expone un patrón recurrente de opacidad institucional y protección a las redes de poder local. La falta de control en instalaciones carentes de licencias genera además un riesgo evidente en materia de seguridad para los asistentes ante posibles incendios o accidentes, cuyas responsabilidades civiles y penales quedarían sin cobertura aseguradora.