La Comisión Europea ha presentado este miércoles la denominada Ley de Vivienda Asequible, una iniciativa que introduce condicionantes estrictos para que las administraciones locales puedan restringir la compra de segundas residencias y penalizar fiscalmente las viviendas vacías en zonas con precios tensionados. El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, y la vicepresidenta ejecutiva para la Competencia, Teresa Ribera, fueron los encargados de detallar un paquete normativo que busca frenar la escalada de precios en las grandes urbes europeas.
El contexto de esta medida viene marcado por el encarecimiento acumulado del mercado de alquiler en la última década, con subidas del 59% en Berlín, 75% en Madrid y 103% en Lisboa, cifras que según Bruselas expulsan a los trabajadores esenciales de los centros urbanos. La normativa pretende otorgar seguridad jurídica a los ayuntamientos de ciudades como París, Ámsterdam o Florencia, que hasta ahora se enfrentaban a costosas batallas legales y demandas de grandes propietarios o plataformas como Airbnb al implementar restricciones locales.
En el centro de la estrategia se sitúan los grandes propietarios y las personas jurídicas, cuyas adquisiciones masivas y desocupaciones prolongadas quedan bajo la lupa de los reguladores comunitarios. La propuesta establece que las restricciones no tendrán carácter retroactivo y exigirá a los gobiernos locales demostrar mediante indicadores de asequibilidad y previsiones de precios a tres años que una zona sufre una presión real antes de aplicar cualquier límite a la compra de no residentes.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar, encontrando resistencia en sectores de derechas del Parlamento Europeo que cuestionan la injerencia comunitaria en la libre circulación de capitales. A pesar de que la Comisión insiste en que la aplicación de estas herramientas no será obligatoria para los Estados miembros, el debate sobre el derecho a la vivienda frente a la consideración de los inmuebles como activos financieros abre una nueva brecha en el equilibrio institucional de la Unión.
Este movimiento legislativo en el ámbito socioeconómico europeo coincide con un periodo de crecientes tensiones regulatorias sobre el uso del territorio y los recursos urbanos, reflejando cómo las instituciones supranacionales intentan absorber un malestar ciudadano generalizado ante la crisis de accesibilidad habitacional que afecta a la mitad de la población urbana en el continente.