El Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado finalizar y archivar los procedimientos de inhabilitación iniciados el pasado 16 de julio contra la comercializadora eléctrica Holaluz, tanto el relativo a la eventual extinción de su habilitación como el del traspaso de clientes.
La compañía emitió un comunicado reiterando que se encuentra al corriente de pago y señalando que la discrepancia inicial se debía a la exigibilidad de facturas por un importe conjunto de 4,4 millones de euros que ya contaban con un plan de pagos.
Según la resolución ministerial, las medidas provisionales adoptadas quedan sin efecto y el cierre del expediente será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Holaluz argumentó que las facturas formaban parte de su sistema de gestión de tesorería y que se saldaron de forma recurrente.
La empresa también achacó parte de sus tensiones de caja a los recortes de tesorería derivados de medidas como el real decreto de respuesta a la crisis de Oriente Medio, que redujo los ingresos fiscales de la comercializadora temporalmente.
Este movimiento societario y regulatorio se produce en un contexto de tensiones financieras y ajustes sectoriales en el ámbito energético europeo, conectando indirectamente con dinámicas como las observadas en 'francia-congela-su-crecimiento-y-profundiza-el-estancamiento-economico-europeo-a1aa46' en cuanto al impacto de las crisis macroeconómicas en las estructuras empresariales.
