La investigación detalla que las agresiones se concentran en las patrullas de unidades militares de Regulares y de la Legión desplegadas en Ceuta tras la entrada masiva de personas desde territorio marroquí a finales de julio. Según los testimonios y material videográfico analizado por la organización, las actuaciones se han dirigido de forma indiscriminada contra migrantes en la vía pública e incluso de manera encubierta durante la noche.
Entre las prácticas documentadas figuran golpes severos en la cabeza y extremidades, uso de bridas de sujeción para inmovilizar a los afectados antes de golpearlos y arrojarlos por terraplenes, así como vejaciones físicas y verbales de carácter racista y sexual. Testigos e integrantes de la propia misión humanitaria sufrieron hostigamiento por parte de elementos castrenses y policiales en los alrededores de infraestructuras sanitarias locales.
Las denuncias de torturas y tratos degradantes coinciden con el endurecimiento de la política fronteriza y el incremento de la presión migratoria sobre los enclaves norteafricanos. Este escenario de tensión en las fronteras del sur europeo ocurre apenas unos días después de que Felipe VI exija a la UE mayor eficacia en la defensa fronteriza de Ceuta, y no parece casualidad en el marco de la estrategia de contención de flujos migratorios.
Organizaciones locales y de derechos humanos advierten de que los recursos asistenciales en la ciudad se encuentran al límite de su capacidad operativa. Cientos de mujeres, menores no acompañados y familias continúan pernoctando en la calle ante la falta de una respuesta institucional adecuada por parte de las administraciones competentes en la región y a nivel nacional.
Ante la gravedad de los hallazgos, la delegación internacional ha remitido comunicaciones formales a la presidencia del Gobierno español y a la administración local exigiendo una intervención inmediata. La demanda incluye el cese de los abusos, la apertura de investigaciones judiciales independientes y la garantía de una acogida humanitaria digna que contemple traslados hacia la península para los colectivos más vulnerables.
