El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado un ataque directo contra el Ministerio de Exteriores en la jornada marcada por el Ayuntamiento para el vaciado de las antiguas Escuelas Aguirre, sede de la Casa Árabe en la confluencia de la calle Alcalá con O'Donnell. El regidor municipal ha acusado al departamento dirigido por José Manuel Albares de incurrir en una 'ocupación ilegal' al negarse a desalojar el inmueble en el plazo fijado por el consistorio.
El conflicto surge de la decisión del Ayuntamiento de recuperar el edificio para acometer obras urgentes de rehabilitación debido a los daños estructurales detectados. Según ha señalado el equipo de gobierno municipal, el deterioro del inmueble supone un riesgo cierto para la integridad física de los trabajadores y visitantes, habiéndose colocado incluso redes de protección para evitar la caída de aleros y cornisas.
Para ejecutar la recuperación del edificio sin que proceda el pago de indemnizaciones, el Ayuntamiento exige formalmente que se convoque el consejo rector de la institución y que la Comunidad de Madrid abandone su participación en la misma. Sin embargo, el alcalde denuncia que el Ministerio de Exteriores se niega a convocar dicho órgano, bloqueando el trámite administrativo necesario para la recuperación del patrimonio municipal.
Paralelamente a la ofensiva legal del Ayuntamiento, el alumnado y los colectivos vinculados a la Casa Árabe han manifestado su oposición frontal al desalojo. Los afectados han convocado protestas en los jardines del recinto bajo el lema 'Casa Árabe no se toca', argumentando que el plazo otorgado es insuficiente y defendiendo la labor cultural, académica y diplomática que desempeña la institución en las relaciones entre España y el mundo árabe.
Este enfrentamiento institucional entre administraciones de distinto signo político se enmarca en el arranque del curso político madrileño y pone de manifiesto la tensión recurrente por la titularidad y el uso de los espacios públicos en la capital. Mientras el consistorio prioriza la ejecución de obras bajo el argumento de la seguridad, los sectores afectados y los usuarios reclaman una solución negociada que preserve la actividad del centro sin implicar su cierre definitivo.